Según comenta la Asociación de Vecinos de Cartaojal en su página web, hoy nuestra vecina Sonia Porras ha alertado a los vecinos de calle Juan Carlos I, a la altura del número 149, de un incendio que se había producido en uno de los contenedores de basura. El suceso tuvo lugar alrededor de la mañana y fue sofocado por los vecinos con cubos de basura. No es la primera vez que ocurre y todo apunta a que se debe a la negligencia de algún vecino que arroja las ascuas mal apagadas del brasero. La Asociación de vecinos recuerda que incendiar un contenedor voluntaria o involuntariamente es delito y está penado por la ley. Puedes ver la foto del incendio en el interior del contenedor en la web de la Asociación pinchando aquí.
Lástima que solo se quemen contenedores, habría que quemár otras cosas...
ResponderEliminarTres primeras sentencias del TSJA
La Justicia actúa contra los 30.000 enchufados de la Junta de Andalucía
Las tres primeras sentencias recaídas afectan a más de 2.000 enchufados por el PSOE andaluz.
En noviembre de 2011, ante la proximidad de unas elecciones autonómicas de incierto resultado para el PSOE, la Junta de Andalucía decidió convertir en empleados públicos a casi 30.000 trabajadores de la administración paralela autonómica a través de la Ley 1/2011 ya conocida como "Ley del Enchufismo". Según denuncian los sindicatos independientes de funcionarios, los casi 30.000 empleados de los chiringuitos de la Junta (fundaciones, empresas públicas y demás entes oficiales) son en su mayoría cargos públicos, familiares y afiliados al PSOE y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, razón por la cual ambos sindicatos habrían validado con su firma tan escandalosa cacicada.
En esencia, como explicamos aquí en su día, el ejecutivo de Griñán creó gracias a esa ley autonómica cinco agencias públicas para integrar a los casi 30.000 contratados en sus estructuras de personal, de forma que todos pasaran a convertirse en empleados públicos sin necesidad de superar ninguna oposición. La consecuencia inmediata es que el futuro laboral de todos estos miles de empleados quedaba asegurado, pues en caso de que el gobierno de la Junta de Andalucía hubiera cambiado de manos, su despido sería imposible por pertenecer organismos administrativos en condición similar al del resto de funcionarios públicos.
No solo existen los que cobran por callar, también los que cobran más del triple que cualquier PERado a costa de todos nuestros impuestos...pero eso no importa, mientras me den mi parte del botín...
es que da asco esta noticia que sigue y que no saldrá en canar zu:
ResponderEliminarDe hecho, a raíz de una disposición cautelar de los tribunales andaluces, las funciones públicas de estos contratados laborales quedaron en suspenso, por lo que todos cobran puntualmente su salario mensual pero nadie sabe dónde están ni a qué se dedican. Lo cierto es que en el momento en que sentencias firmes como las tres ya recaídas surtan efecto, todos los afectados dejarán de pertenecer a las agencias públicas en que la Junta quería integrarlos por lo que su futuro laboral quedará de nuevo a merced del PSOE andaluz, que todavía confía en que una revisión de las sentencias por el Tribunal Supremo le permita validar la vasta "operación enchufe" puesta en marcha a finales de 2011. Mientras tanto, el coste para el bolsillo del contribuyente de estos 30.000 contratados irregulares asciende a mil millones de euros anuales, sin que se sepa a cambio de qué contraprestación laboral se está dilapidando semejante cantidad de dinero público.
Increible, esto solo pasa en un cortijocon sus "señoritos"...