Marifrán Carazo ha defendido que en un momento de crisis social y económica, “lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez es bajar los impuestos como lo está haciendo el Gobierno andaluz”, para reactivar el gasto y la actividad económica, y no plantear medidas que graban más el bolsillo de los andaluces. Para la consejera, la imposición de peajes perjudica a la maltrecha económica de los hogares andaluces y también a los sectores agroalimentario y de transporte, que tiene en Almería el máximo exponente del transporte por carretera de estos productos.
“Este tema debería ser debatido con las comunidades autónomas antes de tomar decisiones porque afecta a nuestro territorio”, ha defendido la titular de Fomento tras indicar que costó “mucho esfuerzo y dinero a todos los andaluces acabar con el peaje de la AP-4 Sevilla-Cádiz y tras año y medio sin peaje no tiene sentido volver a plantearlo”. A su juicio, la conservación de las carreteras se tiene que financiar con otros métodos, “algo que podríamos plantear al Gobierno de España si nos convocarse a alguna reunión”.
Los representantes de CETM Andalucía Fatrans, organización que aglutina a 13 asociaciones de transportistas ubicada en las ocho provincias andaluzas, han afirmado que la propuesta del Gobierno de España de implantar peajes les parece “disparatada desde el momento en el que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos y que sirven, no solo para pagar sobradamente por las infraestructuras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos corrientes como, entre otros, la educación y la sanidad”.
Para la CETM, esta medida supondría un incremento de los costes de los transportistas del 20 por ciento. Así, cada camión andaluz tendrá que pagar alrededor de 900 euros al mes con este sistema de peaje que pretende imponer el Gobierno central, según los empresarios.
La Confederación defiende que están “absolutamente convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía andaluza, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo”. En definitiva, consideran que “ya es hora de que las carreteras sean consideradas un gasto social porque las infraestructuras viarias unen y acercan servicios fundamentales a los ciudadanos, como los centros sanitarios o educativos”.
(Nota de prensa de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía)
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