Los proyectos de huertos fotovoltaicos que pretenden "hipotecar" el futuro de Cartaojal a 30 años por unos cuantos millones que irán a parar a las arcas del Ayuntamiento de Antequera a cuenta del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y de las licencias de obras, podría también dar algunos dolores de cabeza a los propietarios de las tierras arrendadas si no cierran bien sus contratos, ya que no se regirán por la ley de arrendamientos rústicos sino por lo establecido en el contrato, siendo aplicables las normas que sobre arrendamiento se recogen en el código civil. Los expertos recomiendan tener en cuenta varios aspectos que hay que dejar bien claros en el contrato: Indemnizaciones por cosechas no recogidas, que una vez finalizado el contrato el arrendatario debe dejar la finca apta para el cultivo, señalar que el arrendatario es el único responsable de cualquier normativa relacionada con la instalación fotovoltaica, dejar claro el tipo de facturación y la renta mensual, señalar que las servidumbres son temporales hasta la finalización del contrato, consecuencias en caso de inviabilidad del proyecto, indemnizaciones por resolución anticipada del contrato y que los gastos e impuestos como el IBI correrán a cargo del arrendatario. Treinta o treinta y cinco años de contrato, para una persona de 45 o 50 puede significar, en el mejor de los casos, que pierde para lo que le queda de vida el uso de sus tierras a cambio de entre 1500 y 1800 euros por hectárea al año. Pero también cabe la posibilidad de que el desarrollo de nuevas tecnologías como la fusión nuclear que puedan dejar obsoleto el negocio de los huertos solares, o el cambio de normativa, lleven a los propietarios de las tierras a un punto en el que se encuentren sin el ingreso pactado, con un terreno inservible para el cultivo y lleno de chatarra.
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